Luis Arriaga / El Universal
Hechos recientes como la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias o las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano son indicios del deterioro y de la falta de compromiso para respetar y garantizar los derechos humanos en México.
El deterioro es visible en temas diversos como las garantías judiciales, la seguridad, la salud, la educación o la vivienda. Instrumentos internacionales, de los que México forma parte, establecen con claridad la responsabilidad estatal y las acciones necesarias para que los diversos derechos sean garantizados. En relación con la vivienda adecuada, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) la reconoce como un derecho. El Comité DESC (encargado del cumplimiento del PIDESC y de interpretar sus disposiciones) ha tratado con amplitud este derecho y ha establecido los criterios para su satisfacción: no consiste sólo en tener un techo, sino seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios básicos, asequibilidad, adecuaciones culturales, habitabilidad, gastos soportables y lugar adecuado.
El gobierno mexicano ha faltado a sus obligaciones respecto de la vivienda al permitir o favorecer la mercantilización de este derecho mediante su licitación a particulares. No son las licitaciones en sí la causa de las violaciones a este derecho, sino la falta de transparencia respecto de éstas y la impunidad que protege a las empresas constructoras que no cumplen con lo estipulado.
Ejemplo de las diversas irregularidades que afectan a las personas que acceden a créditos para vivienda es el caso de los habitantes de la unidad habitacional Lomas de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, publicado en EL UNIVERSAL el pasado 22 de marzo. Como muchos desarrollos habitacionales que proliferan en la zona metropolitana del valle de México, en ese conjunto las casas fueron construidas con materiales de mala calidad, en una zona de difícil acceso, cercana a un basurero que no cumple con las especificaciones ambientales para su operación, con equipamiento urbano deficiente y carente de unidades médicas y servicios básicos que fueron previstos en el proyecto original.
Las constantes denuncias presentadas por los residentes permiten entrever la complicidad entre autoridades y empresarios: los múltiples procesos legales activados para solicitar que las autoridades supervisen las obras y establezcan responsabilidades y sanciones por incumplimiento no han rendido los frutos esperados.
La situación del derecho a la vivienda adecuada en México es aun más grave. El caso anterior no considera situaciones como la de las personas cuyos ingresos impiden que tengan acceso a planes de financiamiento porque no cuentan con ingresos regulares o comprobables para soportar el pago de una deuda hipotecaria o porque aun si tienen ingresos fijos, éstos no bastan para pagar la vivienda más barata en el mercado. Es decir, 20% de las familias más pobres del país.
Subyacen a la violación de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vivienda adecuada, las mismas condiciones estructurales que favorecen la impunidad en México: el contubernio entre autoridades y sectores empresariales, la falta de acceso a la justicia debido a la ineficiencia de las instancias que deben garantizarla y la falta de una perspectiva de derechos humanos en las políticas respectivas.
A estas circunstancias se agregan condiciones estructurales que tienen origen en las deficiencias de la política económica y que se han traducido en el aumento de la pobreza, pero sobre todo, en la persistencia de la desigualdad y la exclusión.
Un hecho más agrava la ya difícil situación de los habitantes de Lomas de San Francisco Tepojaco: Jorge Arzave, que ha denunciado con insistencia las irregularidades y ha interpuesto recursos diversos para acceder a la justicia, ha sido amenazado en diversas ocasiones sin que hasta la fecha haya algún resultado en las investigaciones y sin que los organismos públicos de derechos humanos garanticen su seguridad.
Desde donde se aborde, es evidente que hace falta un compromiso real del Estado mexicano para respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Deben darse pasos concretos, más allá de declaraciones de buenas intenciones o de justificaciones para disfrazar la ineficiencia.